Por Rubén Morales – GEMAF
El tráfico ilegal de fauna y flora es una de las principales amenazas para la biodiversidad a nivel global, y Argentina no es la excepción. Este mercado ilícito mueve millones de dólares anualmente y afecta a cientos de especies, muchas de ellas en peligro de extinción. En este contexto, las políticas de conservación y la legislación ambiental cumplen un rol fundamental en la prevención y combate de esta problemática. Sin embargo, la reciente derogación de leyes ambientales impulsada por el Gobierno Nacional podría agravar significativamente esta situación, debilitando los mecanismos de control y protección.
El tráfico de especies: un negocio que no se detiene
Argentina es un país megadiverso, con ecosistemas que van desde selvas tropicales hasta desiertos y humedales, albergando una gran variedad de especies endémicas. Esta riqueza natural lo convierte en un blanco atractivo para el tráfico ilegal de flora y fauna. Entre los casos más alarmantes se encuentran la caza y comercio de felinos como el yaguareté (Panthera onca), la captura de aves exóticas como el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) y la extracción ilegal de madera de especies como el quebracho colorado y el palo santo.
El tráfico de especies no solo impacta en la biodiversidad, sino que también tiene repercusiones en la salud pública y la economía. Muchas de estas actividades están vinculadas a redes criminales organizadas que operan con poca regulación, facilitadas por la corrupción y la falta de control en rutas estratégicas. Además, el comercio ilegal de animales vivos puede favorecer la propagación de enfermedades zoonóticas, un riesgo que ha quedado en evidencia tras la pandemia de COVID-19.
Históricamente, Argentina ha sido un punto clave en el tráfico de especies. Según datos de la Dirección Nacional de Biodiversidad, en los últimos 20 años se han decomisado más de 20.000 ejemplares de fauna silvestre destinados al comercio ilegal, con un incremento sostenido en la última década. Solo en 2023, se incautaron más de 3.500 animales vivos en operativos de control, lo que marca un preocupante aumento en comparación con años anteriores.
La derogación de leyes ambientales y sus consecuencias
Las recientes decisiones del gobierno nacional han generado una gran preocupación en el ámbito de la conservación. Entre las normativas derogadas se encuentran la Ley de Bosques Nativos (Ley 26.331), la Ley de Humedales y otras normativas claves para la protección ambiental. Sin estas herramientas legales, se debilita la capacidad del Estado para fiscalizar y sancionar actividades ilegales, lo que podría derivar en un aumento del tráfico de fauna y flora.
Uno de los cambios más alarmantes es la flexibilización en la importación y exportación de trofeos de caza, lo que podría facilitar el comercio de especies protegidas bajo la excusa de la caza deportiva. La Ley de Trofeos (Resolución 109/2023) ha sido objeto de debate por permitir la exportación de piezas de especies nativas, incluyendo algunas en riesgo. Esto podría generar un efecto dominó en el incremento de la caza furtiva y el comercio ilegal de partes de animales.
Por ejemplo, la flexibilización de los controles ambientales abre la puerta a la expansión de la deforestación ilegal, lo que no solo destruye hábitats críticos para muchas especies, sino que también facilita la extracción y el comercio ilegal de madera. Asimismo, la reducción de fondos destinados a organismos de control, como Parques Nacionales y la Dirección de Fauna, afecta directamente la capacidad de monitoreo y fiscalización en áreas clave para la biodiversidad.
Qué podemos hacer: estrategias y acciones urgentes
Frente a este panorama, es imprescindible reforzar las acciones de fiscalización y concientización. La cooperación entre organismos gubernamentales, ONGs y la sociedad civil es clave para mitigar el impacto de estas políticas y exigir la restitución de normativas que protejan la biodiversidad. Además, es fundamental fomentar alternativas económicas sostenibles para las comunidades que dependen de los recursos naturales, ofreciendo incentivos para la conservación en lugar de la explotación indiscriminada.
Argentina tiene una vasta experiencia en la lucha contra el tráfico ilegal de especies y ha logrado avances significativos en años recientes. Sin embargo, sin un marco legal sólido que respalde estas acciones, el esfuerzo puede verse gravemente comprometido. La derogación de leyes ambientales no solo pone en riesgo el equilibrio ecológico del país, sino que también abre la puerta a un crecimiento descontrolado del tráfico de fauna y flora.
Es momento de priorizar la conservación y garantizar que las políticas ambientales no sean vistas como un obstáculo para el desarrollo, sino como una herramienta esencial para asegurar un futuro sostenible. La biodiversidad argentina es un patrimonio invaluable, y protegerla debe ser una responsabilidad compartida por todos.