Recientemente, el Gobierno Nacional eliminó, por decreto, el fondo fiduciario destinado a la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), que para este año estaba en $14.710 millones, el mismo monto que en 2023 más los intereses acumulados. Esta medida ha generado gran preocupación entre el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y más de 35 organizaciones ambientales, quienes alertaron sobre los riesgos que esto representa para el control de los desmontes ilegales y los incendios forestales en las provincias.
La desaparición de este fondo supone un gran retroceso en la conservación de los bosques nativos, que hoy, en el contexto de crisis climática, son más importantes que nunca. Las provincias y los beneficiarios de la Ley de Bosques, que reciben compensaciones por los servicios ambientales que los bosques ofrecen, son los principales perjudicados.
El fideicomiso fue creado en 2018 mediante la Ley 27.431, y su presupuesto no debía ser inferior al 0,3% del total nacional, sumado al 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios y forestales, además de fondos de organismos nacionales e internacionales. Sin embargo, el proyecto de presupuesto 2025 asignó apenas $9.090 millones al fideicomiso, y $909 millones al Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos, apenas el 2,5% de lo que debería asignarse si se cumpliera la ley correctamente.
Este fideicomiso era clave para financiar la Ley de Bosques Nativos, ya que distribuía fondos tanto a las autoridades locales como a las compensaciones para los propietarios de tierras con bosques nativos. Sin estos recursos, se complica el control de desmontes ilegales e incendios, especialmente cuando más del 50% de los desmontes no cuentan con autorización, lo que refuerza la necesidad de sanciones más estrictas.
Varias organizaciones de la sociedad civil ya habían solicitado al gobierno una propuesta “superadora” en caso de eliminar el fondo. En mayo de este año, se pidió información a la Subsecretaría de Ambiente sobre los fondos para implementar la Ley 26.331, pero hasta ahora no ha habido respuesta.
Lamentablemente, esta medida no sorprende, dado el historial del gobierno en rechazar políticas para mitigar el cambio climático, un tema que ni siquiera se mencionó en su última intervención ante las Naciones Unidas.