El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) está diseñado para atraer inversiones masivas, garantizando estabilidad fiscal y beneficios impositivos a las empresas que desembolsen más de 200 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos incentivos, se esconde un gran desafío: ¿qué ocurre con el impacto ambiental de estos proyectos a largo plazo?
Las inversiones en sectores como la minería, hidrocarburos y forestación son vistas como oportunidades económicas, pero no debemos ignorar las consecuencias que traen para nuestros ecosistemas, reservas de agua, biodiversidad y comunidades, en especial para los pueblos originarios, quienes dependen directamente de su entorno natural. A menudo, son estos proyectos los que incrementan los riesgos de contaminación del agua y degradación de la tierra, afectando profundamente a las reservas naturales y áreas protegidas.
Las amenazas a la biodiversidad y al agua
Un caso claro es el de los proyectos mineros que, bajo el amparo del RIGI, podrían desarrollarse sin los suficientes controles ambientales. En áreas ricas en recursos como el litio y el cobre, las actividades extractivas generan grandes cantidades de desechos, agotando fuentes de agua dulce y contaminando cuencas hidrográficas que son vitales para la vida silvestre y las comunidades locales.
El acceso a agua limpia, ya amenazado por el cambio climático, podría verse aún más comprometido. En muchas regiones, estos proyectos extractivos violan el derecho de los pueblos originarios al acceso y protección de sus tierras ancestrales, impactando su modo de vida, cultura y subsistencia.
El peligro para las reservas naturales y los fondos de conservación
Una de las principales preocupaciones es la disolución de fondos fiduciarios clave para la conservación, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Estos fondos, ya insuficientes, son esenciales para financiar la gestión de áreas protegidas y para combatir fenómenos cada vez más frecuentes, como incendios forestales. Sin recursos adecuados, nuestras reservas naturales quedan expuestas y vulnerables.
Además, los organismos que velan por la conservación, como la Administración de Parques Nacionales, comienzan a ver reducidas sus competencias, afectando su capacidad para gestionar áreas naturales y proteger la biodiversidad que albergan.
La necesidad de un equilibrio entre desarrollo y conservación
Es imperativo que, como país, encontremos un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. Proyectos como el RIGI, tal como están planteados, priorizan los beneficios fiscales y económicos, pero descuidan los impactos acumulativos que pueden generar en términos de pérdida de biodiversidad, acceso a agua limpia y derechos de las comunidades locales.
El respeto por el medio ambiente no debe ser un obstáculo para el desarrollo, sino un pilar fundamental. Las inversiones deben venir acompañadas de compromisos firmes en términos de sostenibilidad y protección de nuestro patrimonio natural. De lo contrario, el costo que pagaremos será mucho mayor que los beneficios económicos a corto plazo.